Facultad disciplinaria frente a los funcionarios de elección popular

Abstract

La Procuraduría General de la Nación es una entidad administrativa de carácter nacional, funge como el máximo organismo del Ministerio Público. Dicho ente, dentro de sus funciones tiene el de representar a los ciudadanos de a pie, ejerciendo control a los servidores públicos, mediante la facultad disciplinaria, que en virtud tanto de la ley como de la Constitución del año 1991 se le ha conferido. Es la entidad con facultad preferente, encargada de investigar, adelantar procesos y sancionar a los servidores públicos, incluso de aquellos que han sido elegidos mediante la voluntad popular, expresada a través del voto; los cuales, en el ejercicio del cumplimiento de sus funciones, cometan faltas disciplinarias consagradas en la norma colombiana, dentro de las cuales se enmarcan como tal, la violación a los principios generales de la Contratación estatal. Esta facultad disciplinaria, se encontró en vilo de acuerdo a la decisión adoptada por la Corte Interamericana de Derechos humanos en relación al caso Petro Urrego vs Colombia, donde se indicó que la entidad administrativa carece de total competencia para sancionar a los funcionarios públicos de elección popular en Colombia, de conformidad con el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos; por tal motivo se planteó encontrar ¿qué limites aunados a este se le presentan a la Procuraduría cuando se trata de sancionar a los referidos funcionarios, al momento en que estos violen en alguna medida los principios generales de contratación estatal?. Este artículo se publicó por primera vez en Gestionar: revista de empresa y gobierno Vol. 3 Núm. 1 (2023).

The Attorney General's Office is a national administrative entity, serving as the highest body of the Public Ministry. This entity, within its functions, has to represent ordinary citizens, exercising control over public servants, through the disciplinary power, which by virtue of both the law and the 1991 Constitution has been conferred on it. It is the entity with preferential power, in charge of investigating, advancing processes and sanctioning public servants, including those who have been elected by popular will, expressed through the vote; which, in the performance of their duties, commit disciplinary offenses enshrined in Colombian law, within which are framed as such, the violation of the general principles of State Contracting. This disciplinary power was found in suspense according to the decision adopted by the Inter-American Court of Human Rights in relation to the Petro Urrego vs. Colombia case, where it was indicated that the administrative entity lacks total competence to sanction public officials of popular election. in Colombia, in accordance with article 23 of the American Convention on Human Rights; For this reason, it was proposed to find out what limits added to this are presented to the Attorney General's Office when it comes to sanctioning the aforementioned officials, when they violate in some measure the general principles of state contracting?