La garantía del derecho fundamental a la vivienda digna a partir del desarrollo del principio de planeación en la contratación pública

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El derecho a una vivienda digna está intrínsecamente ligado a la dignidad humana y, aunque en la Constitución Política de Colombia se clasifica dentro de los derechos sociales, económicos y culturales, puede adquirir el estatus de derecho fundamental en determinadas condiciones. Este artículo examina el papel del principio de planeación en la contratación pública como un elemento esencial para garantizar este derecho, particularmente en los proyectos de vivienda de interés social y prioritario. Se analiza cómo la normativa permite a las entidades estatales aplicar reglas de derecho privado sin apartarse de los principios administrativos esenciales, destacando la planificación como factor determinante. Además, se exploran las limitaciones y alcances de la jurisdicción constitucional en la protección del derecho a la vivienda, con énfasis en la ponderación de intereses y la aplicación del test de proporcionalidad en fallos judiciales. A partir del análisis de doctrina y jurisprudencia, se concluye que una planificación adecuada no solo optimiza la ejecución de proyectos habitacionales, sino que también fortalece la defensa judicial de las entidades estatales ante posibles acciones legales. En consecuencia, se recomienda mejorar los mecanismos de planeación en la contratación estatal, con el fin de equilibrar la seguridad jurídica y la eficiencia en la materialización del derecho a la vivienda digna, minimizando así posibles conflictos en el ámbito constitucional.
The right to decent housing is intrinsically linked to human dignity and, although classified as a social, economic, and cultural right in the Political Constitution of Colombia, it may attain fundamental status under specific circumstances. This article examines the role of the principle of planning in public procurement as a crucial factor in guaranteeing this right, particularly in social and priority housing projects. The regulatory framework that allows state entities to apply private law regulations without disregarding essential administrative principles is analyzed, emphasizing planning as a key determinant. Additionally, the limitations and scope of constitutional jurisdiction in protecting the right to housing are explored, focusing on interest balancing and the application of the proportionality test in judicial rulings. Based on an analysis of doctrine and case law, it is concluded that proper planning not only optimizes the execution of housing projects but also strengthens the judicial defense of state entities against potential legal actions. Enhancing planning mechanisms in public procurement is recommended to balance legal security with efficiency in implementing the right to decent housing, thereby minimizing potential conflicts within the constitutional framework.

Palabras clave

Contratación pública, Derecho fundamental, Planeación administrativa, Proporcionalidad, Vivienda digna, Administrative planning, Decent housing, Fundamental right, Proportionality, Public procurement

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